El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía están ultimando la redacción de un documento sobre el que se va a basar la relación de ambas administraciones en cuanto al futuro de los suelos vacantes que tiene el gobierno regional en la ciudad.

Este convenio reforzará al que ya se firmó en 2014, incorporando nuevos edificios y un planteamiento novedosos que pretende agilizar todos los procesos administrativos y evitar, con ello, la dilación en las obras que se vayan a ejecutar en estos suelos.

La intención del gobierno de Bruno García es llevar al pleno del próximo mes el borrador del texto para su aprobación, que no tendrá mayor problema con la mayoría del PP, según indicó a este diario el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi.

El documento abre la posibilidad del cambio en varios de estos suelos, algunos sin uso desde hace más de veinte años. Y en todos ellos se tendrá en cuenta la prioridad del plan conjunto: la construcción de nuevas viviendas, uno de los grandes déficit que tiene la capital.

La Junta ya ha cerrado la venta del inmenso solar de Loreto para la construcción de 212 pisos. Ahora, en el texto del nuevo documento con el Ayuntamiento, se pretende que en el no menos inmenso terreno de San Severiano, donde en su día se proyectó la sede de la Ciudad de la Justicia, se dedique buena parte del espacio a la promoción de viviendas, completadas con equipamientos públicos necesarios en esta zona de la ciudad.

El histórico solar de San Luis

En la misma situación estaría el solar de San Luis, ubicado en plena Avenida y sin un uso definido, más allá del de aparcamiento en precario, desde hace cerca de cuatro décadas. Aquí también se abre la posibilidad de un cambio urbanístico que facilite la ejecución de nuevos pisos.

Una tercera posibilidad de cambio de uso en favor del residencial podría darse en las antiguas oficinas de la Delegación de Trabajo en la calle de Valdeíñigo, que se encuentra igualmente cerrado desde hace años.

Según Cossi, lo que se quiere con este acuerdo es contar con una “herramienta ágil que dé soporte jurídico” a los cambios normativos que sean necesarios en todos estos suelos. El documento incluirá presumiblemente un compromiso temporal, que serían unos seis meses, para acelerar el desarrollo de los proyectos que se puedan emprender, y evitar los parones habituales en muchos planes públicos en la ciudad.

También se quiere abrir la posibilidad de contar con acuerdos público-privado parar activar solares o edificios que están vacíos y son propiedad de la Junta, especialmente en el casco antiguo, también con el objetivo residencial de los mismos. Un concepto similar ya se intentó poner en marcha en la etapa de gobierno del PSOE en la Junta y en algunas actuaciones que pretendía ejecutar el anterior gobierno local de José María González.

Fuera del ámbito residencial quedará una de las propiedades de la Junta más potentes en el casco histórico: el edificio de Náutica, que se pretende vender para un uso presumiblemente relacionados con el ámbito educativo, lo que podría ser una residencia para estudiantes universitarios, aspecto éste que aún no se ha concretado.

El acuerdo también regularizará la situación legal de los terrenos donde se levanta en precario la plaza de Manolo Santander, en pleno corazón de la Viña, y en el solar de la Martona, en la avenida de la Sanidad Pública. En el primero, el Ayuntamiento tiene pendiente una profunda remodelación como espacio público. En el segundo, el PGOU prevé un edificio en altura.

La Junta tiene también pendiente la cesión al Ayuntamiento del Centro de Interpretación del Doce, ubicado junto al Oratorio y que se encuentra cerrado desde hace años, a fin de que se integre en la ruta doceañista que el gobierno local pretende impulsar.

Queda por ver si en estas conversaciones entra en juego proyectos municipales que necesitan del apoyo autonómico, como la restauración en profundidad del Monumento a las Cortes.